Divulgación técnica y actualidad jurídica
Analizamos las últimas novedades legislativas, sentencias y criterios administrativos que afectan al día a día del asesoramiento laboral.
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El BOE publica el Real Decreto 723/2026, que culmina la transposición de la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles: desaparece el plazo de dos meses para informar del puesto, se exige un detalle inédito en los contratos y entra en vigor el 5 de octubre de 2026.

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que transpone la Directiva (UE) 2019/1152 y sustituye al RD 1659/1998: desaparece el plazo de dos meses para informar por escrito de las condiciones esenciales del contrato, se amplía el catálogo de información obligatoria y se garantiza el acceso a los criterios algorítmicos que afectan al empleo.

El BOE del 4 de septiembre publica la modificación del VI Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030: exige por primera vez dar audiencia previa al trabajador antes de un despido disciplinario, y fija un marco disciplinario específico para el uso de redes sociales.

Trabajo prepara un Real Decreto que obligará a que los contratos detallen la duración concreta del periodo de prueba y qué capacidades o elementos del desempeño están sujetos a examen. La falta de concreción abrirá la puerta a que el cese se impugne judicialmente.

Desde el 1 de septiembre está abierto el plazo, hasta el 30 de septiembre, para que los pensionistas del INSS o el ISM residentes fuera de España acrediten su fe de vida por segunda vez este año, algo que nunca había ocurrido hasta ahora.
La cláusula convencional minoraba el complemento de puesto de trabajo solo a los trabajadores incorporados después de cierta fecha: una doble escala salarial ya declarada contraria al art. 14 CE por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La empresa conocía el conflicto desde 2017 y no activó el protocolo hasta 2022; la investigación se cerró sin informe formal ni resolución. El TSJ de Galicia declara extinguido el contrato con una indemnización de 40.233,60 €.
Cerrada la consulta pública el 14 de agosto de 2026, el texto pasa a diálogo social con sindicatos y patronal. El plazo de transposición fijado por la Directiva es el 2 de diciembre de 2026.
El Consejo de Ministros aprobó el 28 de abril de 2026 el anteproyecto que incorpora riesgos psicosociales, salud mental, desconexión digital y cambio climático a la evaluación preventiva.
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